Una ciudadanía emergente: la de lxs trabajadorxs sexuales*

An Emerging Citizenry: The Sexual Workers

Marta Lamas. marta_lamas@cieg.unam.mx Universidad Nacional Autónoma de México México
Recibido: 27-11-2017
Aprobado: 09-01-2018

Resumen

prostitutas es la síntesis del problema femenino", y que pone en evidencia la hipocresía del sistema social, el artículo analiza el proceso de organización de las trabajadoras sexuales en México para asumirse como ciudadanas con derechos. Se realiza un recorrido por el proceso organizativo de las prostitutas en Estados Unidos, Europa y América Latina, para finalmente abordar la lucha de las trabajadoras sexuales de la Ciudad de México por el reconocimiento del carácter laboral de su trabajo.
Se concluye que, desde el convencimiento de que la promoción de la libertad social se arma sobre el respeto a la libertad individual, cobra presencia la lucha por sus derechos entre las trabajadoras sexuales,  las  cuales,  tradicionalmente  excluidas del reconocimiento legal a su oficio, emergen como nuevos actores políticos. Desde el ejercicio de su capacidad de autodeterminación, y desafiando el estigma  y  la  discriminación,  estas  trabajadoras han puesto en práctica una inédita modalidad de construcción de ciudadanía.

Palabras Clave: Trabajadoras sexuales, ciudadanía emergente, actores políticos

Abstract

B

uilt  on  the  premise  that   “the   prostitutes’ situation is the synthesis of women’s problem,” which reveals the hypocrisy of the social system, this article analyzes the organization process of the sexual workers in Mexico in order to be considered citizens with rights. The organization process of prostitutes in The United States, Europe, and Latin America is explored to finally approach the struggle by the sexual workers in Mexico City to achieve
recognition for the labor nature of their job.
It is concluded that, based on the certainty that
the encouragement of social freedom is built on
the  respect  for  individual freedom, the  struggle
for  their  rights  becomes  present  among  sexual
workers,  who  have  become  emerging  political
actors despite being traditionally deprived of the
legal  recognition  of  their  job.  By  fulfilling their
right to self-determination and defying stigma and
discrimination, these workers have put into practice
an unprecedented mode of shaping citizenship.

Key words: Emerging citizenry, sexual workers,
political actors

*Artículo presentado en el pre ALAS Los Cabos, México.

Introducción

D

esde finales de los años sesenta e inicios de los setenta, el feminismo llamado de la segunda
ola, (las sufragistas fueron la primera) reivindicó la libertad sexual de las mujeres,  analizó cómo está organizada la vida social en torno a la sexualidad y, en concreto, cómo las mujeres son clasificadas según esquemas que valoran o estigmatizan ciertas prácticas y conductas. Un objetivo feminista fue el de abonar a la liberación sexual de todas las mujeres, y terminar con la división entre mujeres “buenas” y “malas”, o sea, entre “decentes” y “putas”. Las feministas retomaron el análisis que había hecho Emma Goldman a principios del s. XX  sobre que la situación de las prostitutas es “la síntesis del problema femenino” y   que pone en evidencia la hipocresía del sistema social. 1
La relación entre feministas y prostitutas floreció durante los diez años iniciales del movimiento. En Estados Unidos, las primeras organizaciones de prostitutas aparecen en 1971, con una orientación claramente feminista y, en muchos casos, con el apoyo abierto de grupos feministas. En 1972 Margo Saint James organiza un grupo de discusión con prostitutas, amas de casa y otras mujeres bajo el nombre de WHO (Whores, Housewives and Others) y el día de las madres de 1973 crea la organización de prostitutas más grande de los Estados Unidos (Chateauvert 2013). También en ese año Joreen, quien organizó el primer grupo feminista en Chicago, publica “The Bitch Manifesto”, reivindicando las varias acepciones del apelativo bitch (puta, perra, cabrona)  y  propone  un  viraje  ideológico con  la frase “Bitch is Beautiful” (Joreen, 1973). Por el trabajo de difusión e información que realizaron las prostitutas, la organización feminista NOW (National Organization for Women) vota, durante su conferencia anual de 1973, una resolución a favor de la despenalización de la prostitución, que es ilegal en todo Estados Unidos, excepto en Nevada. A partir de entonces el trabajo organizativo de las prostitutas crece: logran establecer la National Task Force on Prostitution, publican un boletín, producen la película Hard Work y la fundación Victoria Woodhull logra el status de organización no gubernamental en la ONU. Asimismo, Margo Saint James funda el Comité Internacional para los Derechos de las Prostitutas, que sesiona en Ginebra.
También en Europa surge el activismo de las prostitutas en los setentas, y diversas organizaciones

1 Emma Goldman (1869-1940) fue una anarquista y feminista lituana, que se exiló a Estados Unidos, donde fue considerada “la mujer más peligrosa de América” y deportada. Defensora del amor libre y crítica del matrimonio, su reflexión sobre la pros- titución fue fundamental durante la segunda ola feminista. Véase Goldman 1977a y 1977b.

casi  siempre  están  vinculadas a  las  feministas.2
Hacia mediados de la década de 1980, los grupos
ya conectados entre sí empezaron a realizar foros
y encuentros. En 1985 se realizó en Amsterdam el
Primer Congreso Mundial de Prostitutas y ahí mismo
se fundó el International Committee on Prostitutes
Rights  (ICPR).  Al  segundo  congreso,  verificado
en Bruselas en octubre de 1986, asistió Tatiana
Cordero, de la Asociación de Mujeres Trabajadoras
Autónomas de Ecuador que había surgido en 1982
en la provincia de El Oro y logró su estatus oficial
en 1987 (Abad et al., 1998). Esta será la primera
asociación con un proceso organizativo en América
Latina; las  demás  despuntaron después, cuando
se conformó la Red de Trabajadoras Sexuales de
Latinoamérica y el Caribe.3
La situación cambia con las llamadas “guerras en
torno al sexo”4, pues parte del feminismo abandona
la  vinculación con  las  prostitutas.  La  tendencia
feminista que condena el comercio sexual como
una forma de violencia hacia las mujeres se alía
con fuerzas políticas y religiosas, preocupadas por
la liberalización de las costumbres sexuales y la
expansión del comercio sexual con el objetivo de
erradicarlo5. Los conservadores religiosos condenan
la sexualidad fuera del matrimonio por considerarla

2 En Europa cobra notoriedad en 1975 el caso de Francia, cuando un grupo de ellas se pone en huelga dentro de una iglesia por los malos tratos de la policía, en especial por  la extorsión económica y la indiferencia ante la violencia de que eran víctimas:  varias habían sido asesinadas por clientes sin que la policía investigara a fondo. Se hacen famosas al colocar un letrero en la fachada del recinto religioso que dice “Nosotras también somos madres” y al amenazar con dar a conocer los nombres de sus clientes. Un re- lato de la protesta francesa está en Jager 1977. Una relación de los grupos europeos de esa época se encuentra en Pheterson (1989).
3 En Uruguay en 1985 se crea la Asociación de Meretrices Pro- fesionales del Uruguay (AMEPU) y logra su reconocimiento ju- rídico en 1988. En 1987, en Brasil, Gabriela Leite funda la Aso- ciación Nacional de Prostitutas, con sede en Río de Janeiro, y lleva a cabo la Primera Conferencia de Prostitutas; en octubre de ese mismo 1987, en San José Costa Rica se establece la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex) donde hoy participan organizaciones de trabajadoras sexuales de
15 países. A lo largo de la década de 1990 surgirán más grupos organizados, como la Asociación de Mujeres Meretrices de la Ar- gentina (AMMAR) en 1994; en República Dominicana, el Mov- imiento de Mujeres Unidas (MODEMU) nació en noviembre de
1997; en México, la Organización Mujer Libertad de Querétaro, en 1997, y en 1998 mujeres de 18 estados de la república fundan la Red Mexicana de Trabajo Sexual; en Chile la fundación Margen aparece en 1998.
4 Estas autoras consideran que las mujeres son una clase oprimida, que la sexualidad es la causa de dicha  opresión y que la domi- nación masculina descansa en el poder de los hombres para tratar a las mujeres como objetos sexuales. Desde tal  perspectiva, la violencia sexual, la violación, la pornografía, el acoso sexual,  la prostitución y la trata constituyen un todo. Un recuento sobre el desarrollo de los argumentos feministas en dichas “guerras” se en- cuentra en Duggan  y Hunter 1995. Un análisis reciente de dichas guerras en Lamas 2016.
5  Esa  tendencia  feminista  llamada  “radical”,  en  especial  la  de
Catharine MacKinnon,  es la que ha dado un  encuadre teórico.
). La influencia teórica, política y jurídica de estas autoras ha sido
inmensa, y desde sus creencias se ha ido potenciando un discurso
mujerista  y victimista respecto de la sexualidad, la violencia y la
ley, con términos que definen como “sobrevivientes” a las mujeres
víctimas de algún acto de violencia sexual. Véase MacKinnon
2011.

pecaminosa, y ven la libertad sexual como una amenaza para la institución de la familia y, por lo tanto, como una fuente de decadencia moral en la sociedad. La alianza de las feministas radicales con los grupos puritanos fortalece una cruzada moral dirigida a abolir el comercio sexual (Weitzer 2007). A esta situación se suma la epidemia del sida, que afecta y modifica la vida y opciones laborales de las trabajadoras sexuales. Esta amenaza, que aparece con fuerza a finales de los años ochenta, cubre con una sombra el territorio simbólico que estas trabajadoras empezaban a apropiarse. El  impacto del sida varió según el país,  el tipo de prostitución y la clase social de las trabajadoras, pero sirvió indudablemente para alentar nuevas formas de organización pues gran cantidad de proyectos gubernamentales usaron a las trabajadoras sexuales para impulsar sus programas de prevención. Así, paradójicamente, aunque   el VIH sida alentó la organización de muchos colectivos de prostitutas, el avance conservador obstaculizó el apoyo gubernamental.
Además, con información sobre la vastedad de la migración de prostitutas extranjeras a Europa así como de la organización de  amplios  circuitos comerciales de  prostitución turística, el tema del tráfico de mujeres cobra relevancia, y en el debate se empieza a mezclar el problema de la trata con el del comercio sexual. Esta mezcla discursiva que se hace entre comercio sexual  y trata proviene de las abolicionistas. La trata de personas es un horrendo crimen que indudablemente debe ser combatido con mucha más determinación e inteligencia, pero sin olvidar que la trata incluye el trabajo en la maquila, el doméstico y el del campo, aunque los casos que generan mayor atención -política y mediática-  son los de trata con fines de explotación sexual.6
Las  organizaciones  de  prostitutas  resintieron el moralismo de las feministas y se confrontaron con ellas desde una defensa de que lo que hacen es un trabajo, por lo que adoptaron el término de “trabajadoras sexuales”. Su concientización política avanzó en la medida en que reflexionaron y se organizaron, redefiniendo los términos simbólicos de la llamada “prostitución” y  revalorando lo que hacen como trabajo.
En  la  actualidad,  la  confrontación  feminista en las “guerras en torno a la sexualidad” persiste y desde finales de los años 90s  se ha agudizado debido a la gran influencia  de las feministas de gobernanza neoabolicionistas. Halley et al (2006) califican así al feminismo de las redes y ONGs feministas que intervienen con su activismo en las decisiones gubernamentales y en la construcción de leyes, nacionales e  internacionales. En su análisis, Halley  et al (2006)   develan la lógica mujerista y  victimista     que  ha  guiado  ciertas  acciones

6 En México desde hace tiempo ha existido la captación de mu- jeres con engaños, amenazas o violencia. Existen sobrecogedoras historias sobre mujeres que fueron secuestradas y forzadas a dar servicios sexuales en condiciones atroces. Pero esos casos no son el común de la situación de las trabajadoras sexuales en nuestro país. Véase Casillas 2013

feministas, y cómo se ha pasado de condenar la violencia sexual a criminalizar el comercio sexual. El neoabolicionismo7  tiene efectos negativos, pues catalogar  una conducta como delito, no lo inhibe ni  elimina  las  causas  que  lo  generan  sino  que por el contrario, la criminalización hace que un amplio rango de actores negocien a “la sombra de la ley” (2006:338), mientras el Estado concentra sus esfuerzos y recursos en la persecución y el encarcelamiento.

2.

En México, el proceso de organización de las trabajadoras sexuales de cara a asumirse como ciudadanas  con  derechos  inicia  a  mitad  de  los años ochenta, cuando grupos de trabajadoras se organizan para enfrentar las  redadas  policiacas, y logran el nombramiento de “representantes” reconocidas por el Gobierno del Distrito Federal, así como el establecimiento de los llamados “puntos tolerados”.8   Esto  ha  ocurrido en  el  contexto de la precarización laboral (la mezquindad de los salarios, el desempleo y la ausencia de cobertura universal de seguridad social) donde la práctica más arraigada de comercio sexual, la del intercambio que se ofrece en la calle, es la que puso en marcha el proceso de organización de las trabajadoras. Poco a poco se fue incrementando la capacidad sociopolítica de ciertos grupos de trabajadoras sexuales para luchar por el reconocimiento del carácter laboral de su trabajo. Al mediar los años noventa, y en estrecha vinculación con el trabajo de formación política y acompañamiento de la asociación civil llamada Brigada Callejera en Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, se sentaron las bases para una acción colectiva de reflexión y debate. Desde 1997 trabajadoras sexuales de 18 entidades federativas se organizaron en la Red Mexicana de Trabajo Sexual, con el objetivo de defender sus derechos y decididas a convencer a la sociedad mexicana −en especial a la clase trabajadora y al Estado− para que dejen de considerar este oficio como una actividad denigrante.
A partir de entonces, la RMTS ha realizado veinte Encuentros Nacionales que se han efectuado en el Distrito Federal y en otras cinco entidades de

7 Originalmente el abolicionismo significó la ausencia del invo- lucramiento del Estado en el registro, otorgamiento de permisos o inspección de las trabajadoras sexuales. Véase Day 2010. Hoy en día el neoabolicionismo pretende la erradicación total de toda forma de comercio sexual.
8 Esto correspondió al primer reordenamiento del trabajo sexual en la vía pública en el DF que −al menos en ese entonces− ofreció mayores garantías en la calle. En 1988, la Asamblea de Represent- antes del Distrito Federal modifica el Reglamento Gubernativo de Justicia Cívica del Distrito Federal e incluye la “queja vecinal” como elemento probatorio para detener a hombres y mujeres que ofrecieran sexo comercial en la vía pública. Supuestamente, el ob- jetivo del Reglamento consistía en ponerle un freno a la autoridad para que no pudiera realizar razias sin contar con dichas quejas, pero resultó muy conveniente para los usos y costumbres de la arbitrariedad policiaca.  Véase Madrid et al, 2014.

la República9, en hoteles e incluso en una Iglesia del Centro Histórico de la Ciudad de México, un convento, una dependencia del gobierno (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF) y en la tienda de condones de la asociación civil Brigada Callejera. Durante los Encuentros trabajadoras y trabajadores provenientes de diversos rincones del país y que laboran principalmente en la calle han debatido cuestiones coyunturales; han formulado declaraciones políticas; y han programado acciones conjuntas con otros grupos, en especial aquellas dirigidas a obtener condiciones laborales dignas, seguridad y respeto a los derechos humanos y civiles de todas las personas involucradas en el trabajo sexual. En todos los Encuentros se han analizado y discutido asuntos políticos de fondo, así como situaciones circunstanciales, en paralelo a la realización de talleres de capacitación. Con base en esas reuniones se constituyó el Observatorio Nacional del Trabajo Sexual en México y el taller de periodismo Aquiles Baeza. A lo largo del tiempo la RMTS se ha sumado a la Red Latinoamericana y del Caribe Contra la Trata de Personas, REDLAC, capítulo  regional  de  la  Alianza  Global  contra la  Trata de Mujeres ( en inglés Global Alliance Against Traffic in Women GAATW).
La RMTS se rige por una asamblea general integrada en su mayoría por trabajadoras sexuales y a partir de la creación de la Cartilla de Derechos Humanos de las Trabajadoras Sexuales en México, durante  el  I  Encuentro Nacional en
1997, decidió que uno de los pilares de la  lucha de las trabajadoras sexuales que se ganan la vida de forma independiente  son los  derechos laborales. En 1999 las integrantes de  la Red Mexicana de Trabajo Sexual, con el apoyo de Brigada Callejera, acordaron que el grupo Ángeles en Busca de la Libertad, tramitaría una petición ante la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del GDF, para obtener las credenciales de trabajadores no asalariados que se conceden a las personas que laboran en la vía pública sin una relación patronal, ni un salario fijo, como limpiadores de calzado; músicos callejeros; cuidacoches; vendedores de billetes de lotería; entre otras categorías.10  Las licencias  de “trabajador no asalariado” que otorga el Gobierno de la Ciudad de México para que ofrezcan sus servicios en vía pública les significa una  protección  ante  los  operativos  policiacos  y

9 I y II en la Iglesia de la Soledad (en el barrio de La Merced, Distrito Federal); III y IV, en un hotel del D.F.; V, en un hotel de

judiciales, pues al no contar con reconocimiento legal, la condición de trabajadora sexual se reduce a la invisibilización, y las convierte en una especie de  indocumentadas.  Las  trabajadoras  sexuales se encuentran atrapadas en un limbo legal, pues aunque la prostitución no está prohibida, tampoco está regulada y se ciertas formas de organización del trabajo son consideradas “lenocinio”, por ello no pueden trabajar en departamentos o casas, porque la ley considera “lenones” a quienes les rentan el lugar, o incluso a quienes hacen la administración (Torres 2014). En cambio, las credenciales avalan su derecho a trabajar. De ahí que la RMTS se movilizó para plantar cara como trabajadoras y reclamar el reconocimiento de sus derechos como tales.
De 1999 a 2014 pasaron casi quince años antes de que la Red Mexicana de Trabajo Sexual lograra que el Gobierno del DF les otorgara la licencia de trabajadoras no asalariadas.11   Durante ese lapso se fortaleció y expandió la RMTS, pues siguieron reuniéndose y debatiendo internamente en torno a los problemas y a la violencia que enfrentan. Sus discusiones clarificaron el vínculo entre la ausencia de reconocimiento de sus derechos laborales y las prácticas de extorsión gubernamental. El proceso no fue rápido ni fácil, pero el hecho de privilegiar el debate interno condujo al fortalecimiento de su comunidad  política.  Luego  de  varias  asambleas para definir el curso de acción y después de discutir posibles estrategias se acordó por unanimidad tomar la vía del litigio legal. Lo notable en este proceso fue el consenso que surgió en el debate entre pares: se sopesaron los pros y los contras, y se comprendió la necesidad de contratar abogados.12
Así 61 mujeres y seis varones iniciaron un juicio de amparo contra la violación al derecho a trabajar en paz como trabajadoras no asalariadas y, en lo particular, contra la violación al derecho de petición de las credenciales. Cabe destacar lo que implica, en México, decidirse no solo a asumir públicamente la estigmatizada identidad de trabajadora sexual, sino también a iniciar un pleito contra el gobierno.
El litigio estratégico es una forma de intervención ciudadana que hasta enero de 2014 dio frutos, luego que dos jueces se declararon incompetentes para resolver la demanda, y finalmente que una jueza les concedió el amparo.13  La sentencia marca un hito. Luego de señalar que “el asunto es complejo porque está envuelto en una problemática social y jurídica profunda”, la jueza argumentó que  “La  prostitución  ejercida  libremente  y por  personas  mayores  de  edad  plenamente

Querétaro (Querétaro); VI, en un hotel de Guadalajara (Jalisco);	 	

VII, en un hospedaje del DIF de Ixhuatlancillo (Veracruz); VIII, en un convento en Morelia (Michoacán); IX, en un hotel del D.F.; X, en un hotel de Guadalajara (Jalisco); XI, en un hotel del D.F.; XII, en un hotel de Apizaco (Tlaxcala); XIII, en un hotel del D.F.;XIV, en un hotel del D.F.; XV, en un hotel del D.F.; XVI, XVII, XVIII, XIX y XX en los altos de la tienda “El Encanto del Condón” en la Ciudad de México.
10 El Reglamento para los Trabajadores No Asalariados del Dis- trito Federal publicado en 1975 dice textualmente: Artículo 2º. Para los efectos de este Reglamento, trabajador no asalariado es la persona física que presta a otra física o moral, un servicio personal en forma accidental u ocasional mediante una remuneración sin que exista entre este trabajador y quien requiera de sus servicios, la relación obrero patronal que regula la Ley Federal del Trabajo.

11 Un recuento del proceso de lucha que culminó con la entrega de las credenciales se encuentra en Madrid et al 2014. Mi versión se encuentra en Lamas 2017.
12 Al decidirse a interponer un recurso legal, concluyeron que debían conseguir a alguien que no solo fuese eficaz profesional- mente sino que fuese políticamente confiable. Así buscaron a los abogados Bárbara Zamora y Santos García, cuyo bufete “Tierra y Libertad” es integrante de “La Otra Campaña” convocada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN.
13 Fue Jueza Primera de Distrito en Materia Administrativa del D.F., licenciada Paula María García Villegas Sánchez Cordero El caso corresponde al Expediente 112/2013, y puede consultarse en: http://sncedj.ijf.cjf.gob.mx/Doctos/NuevoJuicioAmparo_Act/ Docs/Tema1/112.2013.pdf

conscientes de ello, puede considerarse como un oficio, puesto que es el intercambio de una labor (sexual) por dinero”. También la Jueza estimó que:

“[…] abordar el tema de la prostitución bajo el argumento de que no puede dársele la connotación de un trabajo o bajo el argumento de que es una activi- dad indigna, deshonesta o socialmente inútil, es tanto como abordar el problema con una visión muy estrecha y sin tomar en cuenta todas las aristas sobre las que gira, pues es verlo desde el punto de vis- ta de si escandaliza la moral de algunos miembros de la sociedad, pasando por alto la alta complejidad que tiene como es la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las y los trabajadores sexu- ales”.

La primera entrega de las credenciales se realizó el 10 de marzo de 2014, en las instalaciones de la Secretaría el Trabajo del GDF. Una segunda entrega, se llevó a cabo el 11 de julio, Día Nacional de la Trabajadora Sexual, que la RMTS conmemora para tener presentes a las catorce trabajadoras sexuales de Castaños, Coahuila, que fueron golpeadas y violadas tumultuariamente por soldados del Ejército Nacional, y que además de recibir amenazas de muerte, fueron víctimas de una simulación del paredón de fusilamiento.

3.

La noticia de la entrega de las credenciales suscitó reacciones encontradas. Aunque desde la perspectiva del liberalismo político no hay razón para estar en contra del comercio sexual mientras que lo cada quien haga con su cuerpo sea libremente decidido, muchas personas consideran que la compra-venta de sexo es de un orden distinto de otras transacciones mercantiles. Tienen razón. El trabajo sexual no es un trabajo igual que los demás, y el estigma lo prueba visiblemente. Si se evalúan las relaciones políticas y sociales que el comercio sexual sostiene y respalda, y si se examinan los efectos que produce en las mujeres y los hombres, en las normas sociales y en el significado que imprime a las relaciones entre ambos, es posible detectar que el comercio sexual contribuye a la percepción de las mujeres como objetos sexuales y como seres socialmente inferiores a los hombres, lo que refuerza una pauta de desigualdad sexista. El mercado del sexo es lo que Deborah Satz (2010) califica de mercado nocivo. Pero también Satz subraya que aunque los mercados nocivos tienen efectos  importantes  en  quiénes  somos  y  en  el tipo de sociedad que desarrollamos, no siempre la  mejor  respuesta  es  prohibirlos.  Al  contrario, las prohibiciones pueden llegar a intensificar los problemas  que  condujeron  a  que  se  condenara

tal mercado. Satz concluye que la mejor manera de  acabar  con  un  mercado  nocivo  es  modificar el contexto en que surgió, o sea, con una mejor redistribución de la riqueza, más derechos y más oportunidades laborales, y por eso señala que es menos peligrosa la prostitución legal y regulada que la ilegal y clandestina, pues ésta aumenta la vulnerabilidad y los riesgos de salud, tanto para las trabajadoras como para los clientes. Si no se resuelven las circunstancias socioeconómicas que llevan al comercio sexual, prohibirlo o intentar erradicarlo hundiría o marginaría aún más a quienes se dedican a vender servicios sexuales.
Ahora bien, el visible crecimiento del comercio sexual habla no solo de un fenómeno económico sino que también supone una transformación cultural. Este ascenso del sexo recreativo, que viene de la mano de la liberalización de las costumbres sexuales y de la desregulación neoliberal del comercio, ha permitido la expansión del comercio sexual  como nunca antes,  con una proliferación de nuevos productos y servicios (como los table dance con strippers, los shows de sexo en vivo, los masajes eróticos, el acompañamiento (escorts), el sexo telefónico y el turismo sexual). La industria del sexo14  se ha convertido en el mundo en un gran empleador de millones de personas que trabajan en ella, y que atraen igualmente a millones de clientes.  Además,  estamos  en  un  momento  en que no solo se han multiplicado y diversificado intercambios sexuales por dinero,  sino con otras formas de compensación. Lo llamativo es que el estigma persiste y en este contexto del capitalismo neoliberal la doble moral sigue presente.
Y el estigma persiste porque la compra-venta de servicios sexuales ofende o irrita a muchas personas, principalmente  porque creen que  “degrada” la dignidad de la mujer. Sí, el trabajo sexual voluntario de las mujeres produce reacciones adversas porque atenta contra el ideal cultural de castidad y recato de la feminidad (Leites, 1990). La expectativa social respecto de la sexualidad femenina es la de que las mujeres solamente deben tener sexo  dentro del marco de una relación amorosa; por eso también hay gran rechazo a que las mujeres tengan sexo casual o recreativo, aunque no cobren. Es la “promiscuidad” sexual inherente al comercio sexual  lo que irrita y causa rechazo. La molestia ante el comercio sexual es notoria, y tal parece que no incomoda que las demás mujeres vendan su fuerza de trabajo en condiciones deleznables, pues únicamente hay escándalo respecto a la “explotación sexual” y no ante otras formas de explotación de la fuerza de trabajo femenina. Así, cuando se denuncia con escándalo la “explotación” de las trabajadoras sexuales no se menciona siquiera que  las obreras, las empleadas del hogar, las enfermeras, las taquilleras, las meseras, las de la maquila, las barrenderas y tantas

14 Los empresarios tienen agencias de reclutamiento y sus opera- dores  vinculan a los clubes y burdeles locales en varias partes del mundo, en un paralelismo con las empresas transnacionales de la economía formal. Y al igual que éstas, algunas se dedican a nego- cios criminales, como el mercado negro de la trata.

otras  también  son  explotadas,  incluso  bastante más. Basta comparar lo que es el salario mínimo de esas trabajadoras con lo que se puede ganar en el comercio sexual. Una trabajadora sexual de la Merced me dijo: “Entre ganar 80 pesos al día por
8 horas de trabajo (salario mínimo) a ganarme 500 en tres horas, elijo lo segundo tener más dinero y también más tiempo para hacer otras cosas”. Y  tal vez  no hay  reacciones indignadas ante esas otras formas aberrantes de explotación laboral porque lo que más inquieta de la “prostitución” voluntaria es que subvierte el modelo tradicional de lo que debe ser la conducta femenina.15
El asunto de fondo es justamente la apreciación compartida de que la conducta sexual de las mujeres debe ser distinta de la de los hombres. El valor del recato sexual de las mujeres proviene de un sistema patriarcal donde la filiación se establece por el padre que requiere la fidelidad de la mujer para tener la garantía de que la criatura es suya. No es extraño, pues, que exista una ética sexual distinta para los hombres que para las mujeres. Y aunque   en la actualidad   ha despuntado un ejercicio de la sexualidad más libre (con sexo recreativo) y el mercado del sexo se ha constituido en un componente central de la cultura del ocio del capitalismo tardío, todavía las trabajadoras sexuales   siguen  siendo  consideradas  “mujeres de la mala vida”, “mujeres de vida licenciosa”, “mujeres pecadoras” o “mujeres perdidas”, y  con frecuencia también son calificadas de “indignas”, “despreciables”,  “degradadas”   y   “sucias”.   Por otra parte, los clientes siguen siendo vistos como hombres “normales”, que tienen necesidades fisiológicas que no pueden solventar con sus castas novias o sus dignas esposas.
Ahora bien, en México la mayoría de la población comparte la doble moral; y a partir de tal creencia hoy en nuestro país muchísimas personas expresan su  conflicto  con  el  trabajo  sexual.16        Pero  bajo el estigma se oculta un problema laboral y, al no asumirlo, se   elude así la responsabilidad social ante el desempleo y la precariedad salarial. El peso de la   simbolización cultural es sustantivo, y por eso el comercio sexual produce rechazo, desprecio, indignación, o incluso repugnancia. Al respecto, vale la pena recordar la crítica que hace  Martha Nussbaum (2006) a la persistente  costumbre  de “estigmatizar y humillar a quienes realizan actos sexuales controvertidos, aun cuando estos sean consensuados” (2006:14).
Esto  es  precisamente  lo  que  hacen  las feministas neoabolicionistas, que consideran que la comercialización del sexo envilece lo valioso de la sexualidad, y que degrada un intercambio humano que debe ser íntimo. A estas feministas les provoca horror que las trabajadoras sexuales puedan llevar a cabo una labor consistente en que un extraño

invada  “lo  más  íntimo”  del  cuerpo,  y  califican dicho acto como un “ataque a la dignidad de la mujer”. Da la impresión de que algo que subyace a los planteamientos abolicionistas es una fuerte repugnancia.
Nussbaum reflexiona sobre cómo la repugnancia ha sido utilizada a lo largo de la historia para excluir  y  marginar  a  grupos  o  personas  que llegan a encarnar temores o  aborrecimientos del grupo dominante. Ella considera que si lo que se pretende  proteger es la dignidad humana, resulta peligroso usar la repugnancia y la vergüenza como herramientas de la ley. Aunque existen distintos tipos de vergüenzas y de repugnancias,  en el caso de  las  mujeres  trabajadoras  sexuales  esa  forma de ganarse la vida17  ha sido —y sigue siendo— un factor determinante asociado a esos sentimientos. Nussbaum  señala que el estigma hacia grupos tradicionalmente estigmatizados y marginados, cuya conducta no afecta a terceros, debería ponernos en guardia acerca de las formas en que operan la repugnancia y la vergüenza. La ley debe ofrecer a los individuos fuertes protecciones contra las intrusiones arbitrarias que, tanto del poder del Estado como de las presiones sociales, ejercen para adaptar a las personas a cierto modelo de conducta (2006:321).
Según esta filósofa, el primer y más esencial antídoto frente a la manera en que el estigma opera, es una firme defensa de los derechos de libertad individual y la exigencia de una garantía a todos los ciudadanos de la protección igualitaria por parte de las leyes. La   pretensión de las abolicionistas de “abolir” toda forma de comercio sexual con el argumento de que el comercio sexual siempre conlleva violencia, indignidad y degradación, tiene una carga de repugnancia. Por ello visualizan a todas las trabajadoras sexuales  como víctimas y hablan de “mujeres en situación de prostitución” en lugar de “trabajadoras”.

4.

¿Qué significa que grupos de trabajadoras sexuales enfrenten el estigma y reclamen derechos? La participación política activa es una expresión de la ciudadanía. Rian Voet apunta como un objetivo feminista: “en lugar de ver a la ciudadanía como el medio para obtener derechos deberíamos ver a los derechos como uno de los medios para lograr una ciudadanía igualitaria” (Voet,
1998: 73). Ese es justamente el sentido del trabajo de las integrantes de la RMTS, cuyo largo proceso de reflexión, organización e incidencia para obtener el  reconocimiento  a  sus  derechos  laborales  es una forma clara y novedosa de construcción de ciudadanía.  Convencidas de que  un  determinado uso del cuerpo −en concreto de los genitales−, no menoscaba la dignidad de una persona, ellas

15 No ocurre lo mismo con la prostitución masculina, que no sub-	 	

vierte el paradigma de masculinidad. La valoración de la sexuali- dad masculina toma como “natural” y valioso que a los varones les guste el sexo, y su frecuente promiscuidad sexual se interpreta como necesaria e inevitable.
16 El conflicto se centra en las mujeres, no en los clientes.

17 Como en todos los trabajos, hay diferencias sustantivas por la clase social y el capital cultural que tienen. En el caso de las traba- jadoras callejeras, representa realmente una forma de sobreviven- cia. En otro nivel, como el de las call girls y las escorts, implica ingresos extraordinarios.

hacen una resignificación política de la prostitución como trabajo y así enfrentan el estigma. Sin duda, el contexto sociocultural que encaran es muy complicado. Por un lado se encuentra el puritanismo que  rechaza  el  sexo  comercial  y  lo  asocia  con la inmoralidad; por el otro lado, la figura de la trabajadora callejera provoca una combinación de miedos y angustias (infecciones, delincuencia, etc.).
De un tiempo para acá las trabajadoras callejeras comienzan a ser vistas como una amenaza, porque “estánubicadasenlainterseccióndeunconjunto de  miedos  públicos  sobre  la  delincuencia, la  explotación, el  desorden”  (Hubbard,  2004:
1699). Al establecer una asociación entre su presencia y el desorden urbano, se ha generado una reacción negativa al trabajo sexual. Así, además de la incomodidad o disgusto que se expresan cuando las trabajadoras ofrecen sus servicios, también hay cierto temor por el discurso que las asocia con la delincuencia. Es obvio que si el comercio sexual no se regula, se favorecen condiciones de ilegalidad que la delincuencia organizada aprovecha, y a la que algunas trabajadoras se suman. Pero también es cierto que en la modernidad capitalista, al nuevo urbanismo que busca una mayor capitalización de ciertos espacios le estorba la visibilidad del trabajo sexual callejero.
En la Ciudad de México, aun cuando el gobierno capitalino ya otorgó el permiso de permanecer en la calle ofreciendo sus servicios con las licencias de trabajadoras no asalariadas, existe una disputa por la calle18  que las afecta frontalmente. Así, mientras las trabajadoras sexuales reivindican que “La calle es de quien la trabaja”, el avance gentrificador cierra los lugares a donde ellas llevaban a los clientes. Tampoco hay, por supuesto, ninguna propuesta legislativa para regular distintas formas de organización del trabajo, lo que les permitiría − al menos− rentar departamentos sin el riesgo de ser acusadas de “lenocinio” o de “explotación de la prostitución”.19  Ese limbo legal las obliga a luchar por cambios legislativos para que se les autorice a desarrollar formas de organización del trabajo en locales cerrados, a lo que evidentemente se oponen los hoteleros, que perderían parte sustancial de sus ingresos.
Por todo lo expuesto, y por todos los problemas

18 Hubbard (2004) señala que al “limpiar” ciertas zonas de traba- jadoras sexuales, se les puede sacar más rédito mediante la pro- moción de habitaciones familiares o centros comerciales. Por eso Smith (2002) detalla como   quienes viven o trabajan en la calle se vuelven obstáculos para el aburguesamiento de los centros de las grandes ciudades, y son expulsados sin contemplaciones con tácticas autoritarias o represión justificada como ‘cero tolerancia’. La gentrificación de clase media, dispuesta al mejoramiento de la zona, necesita expulsar al comercio sexual a locaciones periféricas o marginales, y esto va impulsando el desalojo de las trabajadoras callejeras , en lugar de permitirles trabajar en locales o departa- mentos, como ocurre en otras ciudades.
19 La legislación no prohíbe la prostitución sino obtener benefi- cio de la prostitución ajena. La redacción de tal delito dificulta el trabajo en locales cerrados. En la actualidad si varias compañeras rentan un departamento, quien firme el contrato puede ser acusa- da de lenona. Para una crítica de la legislación actual ver Torres,
2014.

que implica la hipocresía legal, las trabajadoras que ya obtuvieron sus licencias siguen movilizadas. Si bien su conquista de las licencias significa el inicio de una política de derechos y reconocimiento −lo cual les otorga identidad pública y legal ante los demás− de ninguna manera les garantizan que la calle se conserve como un lugar donde ofrecer su trabajo. Ellas son un claro ejemplo de agencia,20 alimentada por la organización y el trabajo político que han venido desarrollando junto con Brigada Callejera. Aunque resulta complicado hacer coincidir procesos de  identificación  social  y  política  con  procesos de individuación subjetiva, sin embargo estas activistas lo han logrado. Los grupos Mujeres Libres y Ángeles en Busca de la Libertad, han iniciado su proceso  de  constitución como  cooperativas, con el objetivo de ganar espacios donde llevar a cabo el intercambio sexual mercantil, y también hay un proyecto de sindicalización. Indudablemente, al luchar por sus derechos laborales como uno de los medios para lograr una ciudadanía igualitaria estas trabajadoras han obtenido un sentido de realización personal y política. Sin embargo, frente al riesgo de ser desplazadas de sus calles tienen que continuar enfrentando la nefasta política gentrificadora  que intenta expulsarlas de sus espacios. Esta batalla requiere  buscar  alianzas  con  otros  sectores  de la  sociedad,  para  lo  cual  es  indispensable  un cambio de perspectiva cultural respecto a la llamada prostitución. Y un adversario poderoso es, evidentemente, el discurso abolicionista en boga. Hay que recordar que en 2015, cuando Amnistía Internacional  sacó  una  resolución  en  defensa de  los  derechos  de  lxs   trabajdorxs   sexuales, las abolicionistas armaron una brutal campaña amarillista en su contra.
El activismo de las trabajadoras sexuales obliga a un replanteamiento ético-político del tema. Aunque esde una perspectiva de política pública las intervenciones más eficaces radican justamente en avanzar hacia la transformación de las condiciones estructurales, es necesario también desarrollar mediaciones. Para Nussbaum (1999), el punto más candente es el de las oportunidades laborales de las mujeres de escasos recursos y el control que pueden tener  sobre  sus  condiciones de  empleo. A Nussbaum le preocupa que el interés de las feministas esté demasiado alejado de la realidad de las opciones laborales existentes, como si la venta de servicios sexuales se pudiera sacar del contexto de los intentos de las mujeres pobres para sobrevivir, y considera que la lucha de las feministas debería promover la expansión de las opciones laborales, a través de la educación, la capacitación en habilidades y la creación de empleos (1999: 278). Lo grave, según ella, es que muy pocas personas en el mundo tienen la opción de usar sus cuerpos en su trabajo, con lo que Marx llamaría una manera realmente humana de funcionar: tener opciones sobre el trabajo a elegir; una medida razonable de  control  sobre  las  condiciones  laborales  y  el resultado; y, también, la posibilidad de usar el pensamiento y la habilidad en lugar de funcionar

20 En el sentido de “capacidad de decidir y de actuar”.

como una parte de una maquinaria (1999: 298). Por estas razones, para Nussbaum el punto toral radica en cómo expandir las opciones y oportunidades que tienen las personas que trabajan; cómo aumentar la humanidad inherente en el trabajo; y, cómo garantizar que todos los trabajadores sean tratados con dignidad (1999: 298). La autora también piensa que la legalización de la prostitución logra mejorar un poco las condiciones de mujeres que tienen muy pocas opciones (1999: 278).
Así las cosas, las trabajadoras sexuales, tradicionalmente   excluidas   del   reconocimiento legal a su oficio, emergen como nuevos actores políticos en la Ciudad de México. Hace tiempo Chantal Mouffe señaló que la radicalización de la democracia pinta como la única alternativa viable para extender los principios de igualdad y libertad a un número cada vez mayor de relaciones sociales, y que para lograrlo se requiere de la identidad política de ciudadano/a (Mouffe, 1992).   Desde el ejercicio de su capacidad de autodeterminación, y desafiando el estigma y la discriminación, estas trabajadoras han puesto en práctica una inédita modalidad de construcción de ciudadanía en la Ciudad de México. La experiencia de formación política del largo y consistente proceso de las integrantes de la Red Mexicana de Trabajo Sexual explica su persistencia activista. Quienes hoy se asumen como trabajadoras   no asalariadas y han resignificado el estigma, responden en gran medida a la reflexión crítica y al debate colectivo que han venido dando acompañadas de Brigada Callejera. En ese debate se han tocado varias cuestiones: desde la importancia del activismo hasta un cuestionamiento del orden socioeconómico y una dura crítica a la concepción gubernamental sobre el trabajo sexual. Así,  desde el convencimiento de que la promoción de la libertad social se arma sobre el respeto a la libertad individual, cobra presencia la lucha por sus derechos entre estas trabajadoras. En este sentido, con la apropiación de un imaginario de derechos, estas trabajadoras sexuales emergen como sujetos políticos que reclaman una ciudadanía igualitaria. La trama del proceso tiene otros elementos que no incluyo por cuestiones de espacio, pero lo relatado ejemplifica el valiente despliegue de una forma de construcción de ciudadanía que, al politizar una identidad estigmatizada, abre nuevos frentes de acción y resistencia.

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