Geopolítica externa del regionalismo

latinoamericano: nuevas configuraciones en el orden mundial contemporáneo 1

External Geopolitics of Latin American Regionalism: New Configurations in the Contemporary World Order

Resumen

Este artículo explora la proyección geopolítica del regionalismo latinoamericano en el nuevo orden geopolítico mundial. Reflexionando y problematizando sobre el panregionalismo, el interregionalismo, las alianzas contrahegemónicas y el trasnacionalismo en relación con América Latina, da cuenta de cuáles son las debilidades, las contradicciones y las posibilidades que ofrece el continente en el actual panorama multipolar que emerge tras la Guerra Fría. Una situación de luces y sombras, que oscila de forma excluyente entre el nuevo regionalismo y el regionalismo posliberal, y que experimenta a su vez tensiones entre el escenario Atlántico y el Pacífico. Suma la revisión del espacio interamericano o la creciente influencia de terceros actores como China o la Unión Europea. Finalmente explora la geopolítica transnacional de los movimientos sociales, relevantes en el sistema mundial actual.

Palabras clave: Geopolítica; América Latina; panregionalismo; interregionalismo; transnacionalismo.

Abstract

This paper explores the geopolitical projection of Latin American regionalism in the new world geopolitical order. Reflecting and problematizing the pan-regionalism, inter-regionalism, counter-hegemonic alliances and transnationalism in relation to Latin America, it shows what are the weaknesses, contradictions and possibilities offered by the continent in the current multipolar panorama that emerges after the Cold War. A situation of lights and shadows, which oscillates in an exclusive way between the new regionalism and the post-liberal regionalism, and which in turn experiences tensions between the Atlantic and Pacific scenarios. To this we must add the revision of the inter-American space or the growing influence of third parties such as China or the European Union. Finally, the transnational geopolitics of social movements that are increasingly relevant in the current world system.

Keywords: Geopolitics; Latin America; panregionalism; interregionalism; transnationalism.

Introducción

Examinar la geopolítica de la integración regional latinoamericana en relación a otras regiones del mundo es un ejercicio que sólo cabe entender si lo contextualizamos adecuadamente en la evolución del sistema mundial tras el fin de la Guerra Fría. El fin de la historia estaba lejos de ser alcanzado en 1989, como Francis Fukuyama se ha visto obligado a aceptar. En cambio, surgió un Nuevo Orden Mundial dentro de la misma formación sociohistórica, que Wallerstein y otros definen como economía-mundo capitalista, con nuevas características, pero sujeto en términos generales al mismo marco macroestructural socio-económico-político: un solo mercado mundial, un sistema interestatal múltiple y sociedades múltiples definidas por los Estados. (Wallerstein, 2004)

¿Cuáles son las nuevas características de este nuevo orden mundial? Se relacionan principalmente con la intensificación de rasgos que ya estaban activos en órdenes geopolíticos anteriores, pero hay transformaciones muy importantes. Primero y notablemente, la globalización del mercado mundial ha aumentado, no solo en términos de compresión espacio-temporal (Harvey, 1992) sino también en términos de la homogeneización de bienes y servicios que ofrece el mercado en diferentes partes del planeta, bien como de una creciente financiarización del capitalismo.

En segundo lugar, la seguridad se ha militarizado en todo el mundo. En los países centrales las fuerzas militares están a cargo de mantener la seguridad frente a un enemigo omnipresente que se presenta como “aterritorial” y siempre está oculto (la guerra permanente de George W. Bush y sus sucesores contra el terrorismo “islamista”); mientras que en los países de la periferia los ejércitos son responsables del trabajo policial contra el “narcotráfico”, como sucede en México y Brasil, o son actores en guerras étnicas perennes, como en Uganda y Congo.

Tercero, las disputas para garantizar el control de los recursos naturales aumentan en un contexto de radicalización extractivista y de cambio climático, cuyas consecuencias impredecibles llevan a movimientos migratorios sin precedentes en la historia humana reciente, también derivados de guerras y conflictos políticos, sean históricos como el colombiano o más recientes como el venezolano.

La cuarta característica es quizás la más significativa y afecta al marco macro estructural: si en algún momento se pudo hablar de sociedades nacionales -lo cual Wallerstein (2004) niega que sea posible en el sistema-mundo moderno-, en la actualidad es imposible entenderla en términos compartimentados. Aunque la reinvención de la “sociedad civil” tuvo lugar en los años 1970 y 1980, en América Latina y Europa del Este en particular, Kaldor (2003) destaca la importancia del punto de inflexión cuando “las transformaciones sociales, políticas y económicas que estaban teniendo lugar en diferentes partes del mundo (...) salieron a la superficie después de 1989”. (p. 1)

Por lo tanto, el nuevo orden geopolítico de la “militarización globalizada” implica niveles muy altos de globalización, incluida la creación de una sociedad civil global y el militarismo. Dos científicas sociales sobresalientes nos lo recuerdan: “la sociedad civil ya no se limita a las fronteras del Estado territorial” (Kaldor, 2003, p. 1), y “el mundo de hoy es históricamente notable por su nivel de militarismo globalizado”. (Enloe, 2016, p. 1)

Además, el declive de los Estados Unidos en el área económica y su incapacidad militar para someter a todas las potencias existentes (Rusia y China en particular) ha complicado notablemente la definición de la hegemonía en el sistema mundial después del final de la Guerra Fría. No es posible señalar fácilmente un hegemón, como sucedió entre 1946 y 1989. Sin profundizar en esta discusión (Cairo, 2008ª, pp. 455-456), si aceptamos la definición de hegemonía como “las formas de comprender el mundo y las reglas dominantes que rigen la práctica política y económica de un período determinado, tal como lo acepta una coalición de élites” (Agnew, 1998, p. 128), podemos encontrar un discurso geopolítico dominante dentro de un orden geopolítico sin la necesidad de un hegemón.

En resumen, además de un nuevo discurso, está surgiendo un nuevo conjunto de relaciones interestatales y transnacionales en el nuevo orden geopolítico, dejando así obsoletos los del precedente. América Latina fue testigo de un nivel de autonomía geopolítica sin precedentes en este orden posterior a la Guerra Fría (Cairo, 2008b), que se relaciona en primer lugar con un escenario internacional favorable: el declive de los Estados Unidos como poder hegemónico, que paradójicamente aumentó después de la Guerra Fría, y el enfoque de la política exterior estadounidense -y su esfuerzo militar- en el Medio Oriente después del 11 de septiembre de 2001. Pero también hay factores endógenos: la región realizó notables esfuerzos autónomos hacia la integración, como la confluencia del Mercosur y la Comunidad Andina (CAN), la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y luego la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC), e incluso la aparición de “bloques post-neoliberales con estrategias deliberadas contra-hegemónicas” (Preciado Coronado, 2014) como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). Esta situación fomentó la aparición de proyectos políticos y epistémicos autónomos en América Latina, que integraron irrevocablemente a los Estados del Caribe en una unidad estructural regional que va más allá de lo simplemente cultural, aunque los viejos vínculos culturales transatlánticos aún permanecen en nuevas expresiones interregionales. El llamado “cambio de ciclo” (Svampa, 2017) que se ha producido en los últimos años con el fracaso de algunos proyectos progresistas en la región y la elección de gobiernos conservadores o neofascistas -que, en cualquier caso, no habría que magnificar ni generalizar a la vista de los resultados de las elecciones en México hace pocos meses y en las primarias de Argentina cuando estamos escribiendo este artículo- ha ido contra esta arquitectura autónoma, como analizamos en el siguiente apartado, pero estos vaivenes no serían más que el resultado de la posición estructural de la región en la economía-mundo capitalista, que le abocaría constantemente a lo que Taylor y Flint (2002, p. 300 y ss.) denominan “política del fracaso” en la geografía electoral de los países de la periferia al no poder estabilizar un Estado del bienestar como en el centro del sistema.

La pregunta del presente dossier que más nos afecta es la de si podrán coexistir las preferencias de integración hacia el Norte Global, o podrán emerger otras vinculaciones Sur-Sur que fortalezcan una perspectiva del Sur Global. Responderla nos obliga a revisar la relación de América Latina con las otras regiones del sistema mundial. Y además de las geopolíticas de los Estados en la inserción externa del regionalismo latinoamericano, debemos tener en cuenta las de los movimientos sociales, ya que del mismo modo que el regionalismo no se construye sólo a partir de la acción de los Estados sino que hay que considerar otros actores sociales, las relaciones interregionales o de otro tipo entre diferentes arenas del sistema mundial deben contemplar también a esos actores. (Cairo y Bringel, 2010)

Este artículo está dividido en seis partes, además de esta introducción. En primer lugar, nos ocuparemos de la relación con la potencia más cercana, los Estados Unidos, que aspiran a desarrollar un pan regionalismo sobre América Latina; después sendos apartados tratarán de las relaciones más o menos interregionales con Europa y la cuenca del Pacífico; a continuación expondremos el papel contra hegemónico de la alianza BRICS; la no relación con África será el tema del siguiente apartado, para terminar con un análisis del transnacionalismo translatinoamericano.

Renovación de la OEA y la aspiración panregional de los EE UU tras el fracaso del ALCA

El desarrollo de los procesos de integración regional después de la Segunda Guerra Mundial llevó primero a la constitución de sistemas de integración, en espacios más o menos homogéneos desde el punto de vista estructural -comprendiendo a lo sumo alguna zona semiperiférica, como la inclusión de México en el TLCAN o la de España, Portugal o Grecia en la entonces Comunidad Europea (CE)-. En particular, el modelo que se suele tomar es el proceso que comienza con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) en 1951 y que termina, por ahora, en la Unión Europea (UE), constituida en 1993. Luego, especialmente tras el fin de la Guerra Fría, aparece una tendencia, bastante marcada, a la creación de unidades panregionales. Las “panregiones” (Cairo, 2003) no resultan exclusivamente, como otras agrupaciones regionales de Estados, de la crisis de soberanía de estas formas políticas, cada vez más incapaces de controlar los flujos económicos y financieros globales, así como de gobernar las corporaciones transnacionales. Hay que entenderlas también, y fundamentalmente, como producto de la lucha por la hegemonía en el sistema-mundo. Es decir, no es solo -ni lo fue tampoco en la versión original nacional-socialista- un intento de superar las limitaciones del Estado a la hora de regular el proceso de acumulación; más que eso, la tendencia a construir panregiones resulta también del intento de un Estado o grupo de Estados de asegurarse una base más sólida para alcanzar o mantener la hegemonía mundial.

La inestabilidad de la hegemonía estadounidense en 1989 -cuando terminaba el orden geopolítico de la Guerra Fría-, que ya era patente en el terreno económico desde 1971 -al final del sistema de convertibilidad diseñado en Breton Woods-, volvió a poner sobre el tapete la cuestión de las áreas económicas ampliadas o panregiones, que ya la geopolítica nacionalsocialista alemana había conceptualizado (Cairo, 2003). Uno de los aspectos más preocupantes para los EE UU era que el proceso de integración europeo se desbordaba hacia el Este, y una de las opciones más evidentes para contrarrestarlo era replicarlo.

Así que, efectivamente, el inicio de las negociaciones para la ampliación de la UE a la Europa Oriental casi coincidió con el lanzamiento de la “Iniciativa para las Américas” por la administración de George Bush en 1990, que se concretó más por parte del presidente Bill Clinton durante la I Cumbre de las Américas de 1994, con la idea de la creación de un Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA)2. El ALCA era una propuesta de acuerdo multilateral de libre comercio, que abarcaría a todos los países del continente americano, con excepción de Cuba. Ambos procesos pretendían construir grandes espacios, que podemos denominar panregionales, porque integraban socios de muy diferente peso económico, demográfico y político, pero que, sobre todo, se encontraban en una muy diferente posición estructural en el sistema-mundo: la combinación de áreas centrales, semiperiféricas y periféricas en un solo bloque comercial es algo nuevo y, a nuestro juicio, responde a la lucha por la supremacía mundial, además de a los impulsos generales de integración regional derivados de la crisis del fordismo.

El ALCA en particular era como “una versión ampliada de los acuerdos de la OMC (al servicio del gran capital estadounidense), sin que se bosqueje un contrapeso (para los países latinoamericanos)” (Estay y Sánchez, 2005, p. 78). Pero también suponía un intento de regionalización hemisférico en el campo de la economía, que era novedoso, pues hasta entonces el panamericanismo se había planteado en el campo securitario, con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) firmado en 1947, y en el campo político, con la Organización de los Estados Americanos (OEA) creada en 1948. La “integración” panamericana durante la Guerra Fría basculó sobre esos ejes, que el gobierno de Estados Unidos percibió como insuficientes en el nuevo orden geopolítico mundial.

La elección de sucesivos gobiernos progresistas en América Latina (Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador y Uruguay, fundamentalmente), que se opusieron al ALCA (Katz, 2006), y una auténtica oleada de rechazo por parte de la sociedad civil en toda la región (Bringel y Stronzake, 2015; Demirdjian, 2007) abortaron el proceso de constitución del ALCA, que estaba previsto que entrara en vigor en 2005. Pero Estados Unidos desarrolló entonces una estrategia de firmar tratados de libre comercio (TLCs) bilaterales con el mayor número posible de países aliados de la región: Chile (2003), los países centroamericanos (El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) y la República Dominicana (2004), Perú (2009) y Colombia (2012). La elección del modelo TLC es geoestratégica por parte de Estados Unidos, porque:

(…) va más allá de meros convenios de intercambio de bienes y servicios, en tanto que se convierte en estrategias claramente dirigidas a recuperar y fortalecer la influencia estadounidense en la región, la cual se traduce en el control comercial de estos territorios y de sus recursos naturales estratégicos. (Tole, ٢٠١٣, p. ٢٦٠)

Desde un punto de vista geoestratégico, tras las presidencias de George W. Bush (2001-2009), que centró su interés en Oriente Medio, las de Barack Obama (2009-2017) ya supusieron una vuelta de la atención estadounidense hacia América Latina, pero es en la última presidencia de Donald Trump (2017 hasta la fecha) donde se recupera la mirada imperial tradicional de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe. Ciertamente Trump no es fácil de definir, por un lado es un nacionalista atávico que pretende reconcentrarse en su país, pero por otro lado se ha rodeado de secretarios de Estado, como Mike Pompeo, y asesores de seguridad nacional, como John Bolton, muy agresivos e intervencionistas en el exterior, y en particular en el hemisferio cuyo control se vuelven a reservar. La OEA se ha convertido en el instrumento político de aislamiento y ataque a los países considerados hostiles en la región, como es el caso de Venezuela. Como se señala en la Introducción a este dossier parece como si “el gobierno norteamericano apoyado en la OEA regirá nuevamente el destino histórico de nuestra región. Las amenazas de una postguerra fría reeditada, con expresiones como el ‘Triángulo Dictatorial’ formado por Cuba, Venezuela y Nicaragua deparan un retorno del panamericanismo, pero ahora, regido por un bilateralismo asimétrico en el que el gobierno estadounidense no reconoce interlocutor colectivo alguno ni acepta posiciones autónomas que lo condicionen” (Preciado y Florido, 2019).

Interregionalismo con la UE: la “asociación estratégica birregional”

La I Cumbre América Latina y el Caribe (ALyC) - UE se celebró en Río de Janeiro en 1999. Su principal objetivo explícito era “promover y desarrollar nuestras relaciones hacia una asociación estratégica birregional, basada en el profundo patrimonio cultural que nos une, y en la riqueza y diversidad de nuestras respectivas expresiones culturales. Estas nos han dotado de fuertes identidades multifacéticas, así como la voluntad de crear un entorno internacional que nos permita elevar el nivel del bienestar de nuestras sociedades y cumplir con el principio de desarrollo sostenible, aprovechando las oportunidades que ofrece un mundo cada vez más globalizado, en un espíritu de igualdad, respeto, alianza y cooperación entre nuestras regiones”3.

Este objetivo de crear una “asociación estratégica birregional” marca el surgimiento del interregionalismo (Cairo y Bringel, 2019), que es uno de los elementos más característicos del nuevo orden geopolítico multipolar, que vino a sustituir el bipolar de la Guerra Fría tras el fracasado intento de Estados Unidos de establecer un mundo unipolar. Esta estrategia multipolar se basa en tres supuestos: 1) América Latina y Europa comparten un patrimonio cultural común; 2) la globalización es buena y ofrece oportunidades a las regiones integradas, y 3) las relaciones internacionales horizontales e iguales son la mejor opción para competir en ese mundo globalizado.

La primera suposición se fortaleció en la segunda Cumbre en Madrid tres años después: “Nuestra historia y cultura, junto con los valores y principios que compartimos, constituyen la base de esta relación privilegiada”4. Esta es obviamente una visión parcial de la historia que borra la explotación colonial del pasado y celebra la aculturación de los pueblos del Nuevo Mundo. Es un punto de vista eurocéntrico y, como era de esperar, se suavizaría en declaraciones comunes posteriores.

La segunda idea también se reforzó en Madrid: “Creemos que la continuación de nuestros procesos de integración y el incremento del comercio y de las inversiones constituyen medios importantes para reforzar el acceso a los beneficios de la globalización”5. Quizás no haya mejor actualización de las ideas de Immanuel Kant o Adam Smith que la llamada teoría capitalista de la paz: el comercio continuaría siendo la mejor manera de preservar la paz en un mundo globalizado.

Finalmente, el multilateralismo se ha convertido en la base más sólida que subyace a la idea de asociación estratégica. En este sentido, la UE definitivamente ha apostado por el poder blando en sus relaciones con regiones organizadas y poderes más alejados que su entorno inmediato. Esto contrasta el enfoque militarista de los Estados Unidos. (Kagan, 2002)

A partir de Madrid, las cumbres oficiales pasaron a celebrarse cada dos años. La tercera se realizó en Guadalajara en 2004, donde la cohesión social fue la protagonista. La cuarta tuvo lugar en Viena en 2006. Su principal resultado fue la creación de un mecanismo institucional interregional: la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), cuya sesión constitutiva tuvo lugar en Bruselas. Lima fue la sede de la quinta cumbre en 2008. En esta ocasión, la asimetría entre las regiones y la asimetría dentro de las regiones, particularmente en América Latina, se señaló como uno de los principales problemas para desarrollar aún más el enfoque interregional. Hubo llamamientos para un enfoque más individualizado de la negociación con países o agrupaciones subregionales, lo que se planteó abiertamente en la siguiente.

La sexta cumbre tuvo lugar nuevamente en Madrid en 2010, donde hubo una especie de inflexión en el equilibrio entre interregionalismo y bilateralismo. El carácter estratégico de la asociación entre las dos regiones continuó expresándose en su declaración final, titulada “Hacia una nueva etapa en la asociación birregional: la innovación y la tecnología en favor del desarrollo sostenible y de la inclusión social”, aunque ahora se agregaron algunos matices: “Nos comprometemos a seguir reforzando esta asociación con los objetivos de profundizar el diálogo político y la integración regional, promover la inclusión y la cohesión social, así como intensificar las relaciones bilaterales entre los diferentes países de ambas regiones”6. La afirmación del bilateralismo en la Declaración responde a una necesidad percibida por ciertos autores de superar el estancamiento de las relaciones interregionales, pero como señala correctamente Sanahuja (2011), lo que sucedió en la Cumbre de Madrid fue más bien un reequilibrio entre el interregionalismo y el bilateralismo, dado que los análisis críticos de los primeros se basan en un serie de supuestos erróneos, como el riesgo político que implicaría. Las relaciones interregionales podrían ser la forma más adecuada para que la UE apoyara los marcos regionales que, como UNASUR, apuntaban a canalizar a los actores y factores de tensión bilateral. Esta política, en la que Brasil invirtió la mayoría de los esfuerzos como país líder en América del Sur, estaba, según los analistas (Sanahuja, 2011, p. 34), contribuyendo positivamente a disminuir y eliminar las tensiones y, por lo tanto, a favorecer la estabilidad regional.

Hubo un cambio en la agrupación de los socios cuando se creó la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC), el último ejemplo de lo que algunos definen como “regionalismo posliberal” (Veiga y Ríos, 2007) al oeste del Atlántico. Creada en 2010, la CELAC tiene como objetivo mejorar la búsqueda del consenso y la protección de los asuntos regionales de interés común en la esfera internacional, especialmente en los escenarios más relevantes de la arquitectura institucional internacional como la OCDE, el G-20 y el Consejo de Seguridad. De hecho, esto ha permitido construir diálogos interregionales con China (Foro CELAC-China) y con Rusia (Mecanismo permanente para el diálogo político y la cooperación entre Rusia y CELAC). Sin embargo, el mayor éxito en este sentido es el relacionado con los avances birregionales que han tenido lugar en el marco CELAC-UE. En todo caso, es necesario señalar que estamos ante un escenario de concertación, por ende, menos ambicioso y complejo que los modelos de cooperación intergubernamental.

Estas cumbres CELAC-UE se han celebrado bianualmente desde 2013, como continuación de los diálogos birregionales de ALyC-UE. Vale la pena señalar que las relaciones parecen haberse reajustado en los últimos años, especialmente debido a los efectos de la crisis financiera en la arquitectura institucional de la UE, que contrasta con la creciente importancia de América Latina que, particularmente durante el período 2007-2013, fue estimulado por nuevos liderazgos y nuevas formas de entender la integración regional. Sin embargo, el actual estancamiento de estas cumbres refleja, en parte, el cambio de coyuntura en América Latina, con gobiernos que apuestan más por las tradicionales relaciones no autónomas) con el vecino del Norte.

La primera Cumbre CELAC-UE en Santiago de Chile en 2013 contó con treinta y cuatro jefes de Estado y jefes de gobierno, y más de treinta instituciones internacionales y cientos de representantes de la sociedad civil, que se reunieron en paralelo en la Cumbre Empresarial, la Cumbre Académica y la Cumbre de los Pueblos. El lema de la Cumbre fue: “Alianza para un Desarrollo Sustentable: Promoviendo Inversiones de Calidad Social y Ambiental”. En la Declaración después de la Cumbre se trató de tener cuidado para crear espacios de reunión entre las dos regiones para “evitar el proteccionismo en todas sus formas” y “para promover mayores y diversificadas inversiones birregionales de Calidad Social y Ambiental en consonancia con el desarrollo sustentable y con responsabilidad social, proporcionando condiciones estables para la creación de nuevas empresas”. También subrayó el compromiso para apoyar:

(…) “las inversiones productivas que cumplan plenamente e integren las dimensiones económicas, sociales y ambientales de desarrollo sustentable (…). Con el propósito de fortalecer la Asociación Estratégica birregional y reconociendo el deber de los Estados de tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el bien común de sus sociedades, priorizando a los grupos más vulnerables”7.

Todo lo anterior se materializó sustancialmente en el marco de la II Cumbre CELAC-UE celebrada en 2015 en Bruselas bajo el título, “Modelar nuestro futuro común: trabajar por unas sociedades prósperas, cohesionadas y sostenibles para nuestros ciudadanos”. La característica más importante de esta Cumbre fue la continuidad dada a las principales líneas de trabajo de Santiago 2013 y al Plan de Acción 2015-2017. Además, se destacó la necesidad de iniciar negociaciones sobre un acuerdo para el diálogo político y la cooperación con Cuba, así como continuar haciendo esfuerzos para alcanzar un acuerdo de asociación equilibrado, global y ambicioso Mercosur-UE lo antes posible, lo que hoy equivale a un diálogo interregional parcial.

Este Acuerdo interregional parcial se alcanzó el 28 de junio de 2019, creándose así un mercado de bienes y servicios de cerca de 800 millones de consumidores y casi una cuarta parte del PBI mundial. El Acuerdo parte de reconocer los distintos niveles de desarrollo e integración, por lo que concede a Mercosur plazos extensos para la entrada en vigor de las mejoras arancelarias, lo que permitiría continuar con la transformación productiva e integración de la región, mientras que la desgravación arancelaria de la UE será en plazos sustantivamente menores. Gobiernos como el del brasileño Bolsonaro mostraron reticencias, pero finalmente los poderosos exportadores de soja lograron vencerlas. Aunque parezca contradictorio con la ola de proteccionismo que invade el mundo, hay que leer el Acuerdo en ese contexto, en particular en el de la guerra comercial entre EE UU y China, que puede tener que buscar otros mercados para las exportaciones que viene haciendo al país norteamericano. En este sentido, aunque el Acuerdo pueda ser interpretado como una gran concesión de la UE, no lo es tanto si tenemos en cuenta que así se garantiza un mercado seguro para sus exportaciones.

Quizás sean estos acuerdos parciales lo único que se pueda alcanzar en estos tiempos. Las dificultades para la realización de la III Cumbre -prevista para Honduras en 2017 y no realizada- es una prueba del estancamiento de la relación interregional, uno de cuyos motivos, al menos, es la desaparición -o reducción de su papel- de los actores políticos que impulsaban la integración autónoma de América Latina. No menos importante, en tiempos de fuerte polarización al interior de los países latinoamericanos, la posición de muchos países europeos frente a la crisis en Venezuela acabó marcando también una inflexión en las relaciones de la UE con la región.

Acuerdo de Asociación Transpacífico: ¿un nuevo interregionalismo?

El escenario Atlántico, que era -desde el inicio de la expansión colonial europea y el desarrollo del comercio triangular- el espacio privilegiado de las relaciones extrarregionales de América Latina ha ido dejando lugar a otros, en particular al escenario del Pacífico, que en el nuevo orden mundial va cobrando importancia progresiva.

El primer esfuerzo de integración interregional se materializó en la creación del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), que es un foro multilateral creado en 1989, con base en la liberalización comercial y la coordinación económica entre sus integrantes. La primera reunión de líderes de APEC se produjo en 1993, cuando el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, después de conversaciones con el primer ministro australiano Paul Keating, invitó a los jefes de gobierno de las economías miembro a una cumbre. Asistieron Australia, Brunéi, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Singapur y Tailandia, y más tarde se unieron Chile, Perú, Rusia y Vietnam.

Un paso más en los propósitos de integración interregional fue el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement, TPSEP), también conocido como Acuerdo P4, que es un acuerdo comercial entre cuatro países de la cuenca del Pacífico con respecto a una variedad de asuntos de política económica. El acuerdo, de carácter tricontinental, fue firmado por Brunéi, Chile, Singapur y Nueva Zelanda en 2005 y entró en vigor en 2006.

A su vez, México, Perú y Chile firmaron en 2016 en Auckland (Nueva Zelanda) junto con Estados Unidos, Japón, Australia, Brunei, Canadá, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam el Acuerdo de Asociación Transpacífico (Trans-Pacific Partnership, TPP) —actualmente Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP)—. Es un tratado de libre comercio entre países de la cuenca del Pacífico que aborda, además, una variedad de materias de políticas públicas. En el mismo queda enfatizada la ya mencionada traslación del punto de gravedad integrador, cada vez menos en el Atlántico y más en el Pacífico (Aranda, 2014; Riggirozzi y Tussie, 2017). La retirada de Estados Unidos del tratado, decidida por el presidente Donald Trump nada más llegar al gobierno, reduce la magnitud económica del esquema de integración, pero abre insospechadas posibilidades de desarrollar una relación interregional más sólida entre América Latina y el Pacífico y Asia Oriental.

Sin embargo, uno de los déficits de partida desde el punto de vista latinoamericano es que sólo forman parte del tratado unos pocos países de su margen pacífico, que a su vez formaron en la región la Alianza del Pacífico, que es el esquema de integración económica y comercial latinoamericano que, de algún modo, refleja en América Latina el TPP. La Alianza se aleja mucho del regionalismo postliberal, en tanto que evoca formas de entender la cooperación intergubernamental propias de los años 1990, y más próximas a la CAN y Mercosur. Asimismo, no es casualidad que fueran cuatro gobiernos conservadores -Peña Nieto (México), Piñera (Chile), Humala (Perú) y Santos (Colombia)-, los que propusieron una lógica integradora en la cual primaba la agenda económica y la liberalización por encima de todo. Cuatro gobiernos que, además, son los cuatro gobiernos menos integradores dentro de las dinámicas que ofrece el continente.

La Alianza del Pacífico aboga por crear, desde una suerte de “nuevo-nuevo” regionalismo, otro mercado común en la región, erigido desde la libre circulación de personas, bienes, capitales y servicios. De hecho, en su tratado fundacional, la Declaración de Lima, se reconoce, expresamente, la necesidad de consolidar y facilitar “el movimiento de personas, de negocios y facilitación para el tránsito migratorio, incluyendo la cooperación policial; comercio e integración, incluyendo facilitación de comercio y cooperación aduanera; servicios y capitales, incluyendo la posibilidad de integrar las bolsas de valores y cooperación y mecanismos de solución de diferencias y crear grupos técnicos para cada una de estas áreas”8.

Esta Alianza, igualmente en construcción, tiene ante sí el reto de superar la heterogeneidad económica, las asimetrías, las barreras y obstáculos administrativos, la falta de convergencia de políticas, el déficit de complementariedad económica o los plazos transitorios, entre otras cuestiones, por lo general, desatendidas en la integración latinoamericana. Buscando la globalización de mercados y una mayor inserción internacional de las economías regionales, la Alianza se proyecta hacia el Pacífico a la vez que interpreta la clave regional en términos latinoamericanos, lo cual contrasta con la posición suramericana que ha sido sostenida por Brasil en los últimos años desde UNASUR.

Al respecto, lo anterior, se conecta con otra cuestión clave: los países suramericanos, en sus relaciones comerciales con el gigante asiático, sufren el problema que representa la reprimarización. Es decir, a tal efecto, se hace imprescindible negociar en bloque. Una posibilidad que, novedosamente, ofrece la Alianza frente a otros esquemas, como Mercosur, que por el momento, a pesar de todo, ni siquiera se han planteado.

Los BRICS: una alianza contra hegemónica

Han pasado casi dos décadas desde que en 2001 apareciera por primera vez el término BRIC de parte del economista del banco de inversiones de Goldman Sachs, Jim O’Neill. Mucho han cambiado también las cosas desde entonces. En aquel momento, la idea era destacar el poder de las que estaban llamadas a ser las cuatro economías dominantes en el año 2050: Brasil, India, Rusia y China. Cuatro países que abarcan casi cuarenta millones de km2 y casi la mitad de la población mundial, además de una ingente cantidad de recursos naturales o el ٥٠٪ de la economía mundial, así como el ١٥٪ de mercancías y servicios (Turzi, 2011). En el 2011 se incorporó Sudáfrica, sobre la que no nos detendremos en esta apartado, ya que su relación con América Latina es incomparablemente menos relevante que la de los otros miembros. Entre 2009 y 2016 mantuvieron cumbres presidenciales anuales. Sus objetivos, desde el principio, se encaminaban a transformar la geografía comercial del mundo y lograr la transformación democrática de los organismos mundiales, en concreto conseguir que las economías emergentes y en desarrollo pudieran tener más voz y representación en el seno de las instituciones financieras internacionales.

Podría pensarse que los BRICS representaban una nueva etapa del orden geopolítico de la posguerra fría frente al “momento unipolar” (Krauthammer, 1990), “la primacía del poder norteamericano” (Jervis, 1993; Huntington, 1993), o el “dominio de la hiperpotencia” estadounidense (Cohen, 2004). Esto es, alimentando un nuevo sentido de multipolaridad (Layne, 2006) que no por ello ha de alterar los pilares de la mundialización neoliberal (Katz, 2011), y que bien se evidencia en la diversificación de las relaciones geopolíticas de América Latina con el mundo.

En lo que respectaría a la relación de América Latina con China, a lo largo de la última década se ha constatado la notable cercanía entre el país asiático y la región. Xi Jin Ping ha tenido varios encuentros de primer nivel con buena parte de los países de la región, a lo que ayuda el hecho de que, en la actualidad, sea el socio comercial más importante de Brasil y Chile, y el segundo más relevante para Argentina, Costa Rica, Cuba o Perú. Eso sí, motivado por una relación que podría denominarse como “inter-industrial”, al ser comprendida y dominada por un intercambio de exportaciones chinas, principalmente, de bienes manufacturados, y de exportaciones latinoamericanas respecto de materias primas. Algo que, dificulta tanto “el potencial de las alianzas empresariales sino-latinoamericanas como la inserción más eficaz de los países de la región en las cadenas productivas de Asia y el Pacífico”. (CEPAL, 2011, p. 3)

De tal relación dan cuenta hechos como la aproximación que tuvo lugar en el marco de la Cumbre de Río +20, celebrada en 2012, y en donde el entonces primer ministro, Wen Jiabao, mantuvo visitas oficiales tanto en Brasil, como en Chile, Argentina y Uruguay. Igual sucedió con la posterior creación del Foro de Cooperación CELAC-China o la creación de un Fondo de Cooperación de China por valor de 5.000 millones de dólares, destinado a financiar proyectos de cooperación para inversión y finanzas de la industria manufacturera, nuevas tecnologías y desarrollo sostenible. A su vez, este instrumento sería compatible con una línea especial de crédito de parte del Banco de Desarrollo de China por valor de 10.000 millones de dólares que se centra únicamente en infraestructuras.

No obstante, toda esta aproximación creciente se inscribiría en la conocida como estrategia “1-3-6”. Es decir, un programa integral que cierra el marco de relaciones con América Latina; tres motores, que son comercio, inversión y cooperación financiera; y, por último, seis ejes fundamentales: recursos naturales, cooperación energética, manufacturas, infraestructura, agricultura e innovación tecnológica en informática. (CEPAL, 2015)

En lo que respecta a Rusia, su principal socio sigue siendo Brasil, seguido de Venezuela, y en menor medida, Argentina y México. Aparte del sector armamentístico, las exportaciones rusas sobre la región abordan otras cuestiones como el sector del transporte, la energía nuclear e incluso la tecnología espacial, mientras que del lado de las importaciones -favorecidas por el Sistema General de Preferencias ruso en un 25% sobre el pago de arancel- estas guardan relación con el hecho de que Rusia sea uno de los mayores compradores de azúcar crudo, cítricos, carne y otros productos alimenticios. (SELA, 2011)

Aun con todo, el interés de Rusia es de explorar nuevas vías de cooperación y acercamiento que vayan más allá de las relaciones comerciales y financieras ha sido una constante desde 2011, cuando se trabajó en el propósito de avanzar en materia de cooperación energética, metalurgia, extracción y transporte de hidrocarburos, exploración espacial y aprovechamiento de la energía nuclear con fines pacíficos. Todo con el fin de fortalecer unas relaciones económicas dominadas hasta el momento por el intercambio de bienes de escaso valor añadido.

Pese a ello, las relaciones económicas y comerciales quedan muy alejadas de las cifras que presenta la relación de América Latina con China. Por ejemplo, se superan los 20.000 millones de dólares de intercambio comercial, sobre todo, con Brasil, México, Argentina y Venezuela, si bien el objetivo es superar, en los próximos años, los 100.000 millones de dólares en torno al intercambio de energía, tecnología, sector militar y agricultura.

Finalmente, en lo que tiene que ver con India, el valor del intercambio comercial alcanza casi los 45.000 millones de dólares, siendo los principales socios regionales Brasil, Chile, México, Argentina y Colombia. Las exportaciones indias sobre el continente se concentran en manufacturas basadas en recursos naturales y manufacturas de alta, media y baja tecnología mientras que las importaciones lo hacen en recursos naturales, sobre todo, en crudo, minerales de cobre y aceite comestible.

Dado el carácter incipiente de esta relación, los próximos quince años deberán servir para “consolidar y fortalecer los lazos, así como identificar y aprovechar las complementariedades y promover alianzas de negocios a fin de estimular su internacionalización y aumentar la competitividad” (CEPAL, 2012, p. 8).  Bajo tal tesitura, y dado que se espera que en los próximos años India incremente su consumo de productos básicos, América Latina deberá estar preparada para competir con otras regiones del mundo por ofrecer sus productos básicos habida cuenta, sobre todo, del interés indio por diversificar al máximo sus proveedores.

India ha encontrado recientemente importantes nichos de interés en el petróleo de Venezuela y Brasil, a cambio de importantes necesidades como son los derivados de los sectores como el farmacéutico o el de la ingeniería. Ello, porque el país asiático es referente en vehículos automotores y productos informáticos, pero también en bienes primarios como leche, té y arroz, todos de gran demanda en el mercado latinoamericano. Además, paulatinamente se ha ido afianzando en un sector como el de las telecomunicaciones, en el cual las relaciones, sobre todo, con Brasil, Argentina, Uruguay y Venezuela, se han consolidado sobremanera. De otro lado, el continente ofrece un mercado óptimo para los intereses indios, en lo que afecta a agricultura, minería, biocombustibles y aeronáutica.

No obstante, el buen nivel de exportación de servicios de India, unido a un mejor manejo en cuanto al idioma del inglés y los avances en la industria médica y farmacológica son ventajas competitivas, nada desdeñables, que pueden atraer mayores flujos comerciales con América Latina. Y aunque China e India son dependientes energéticamente, la utilización de mano de obra foránea, no propia, como China, y el hecho de ser la mayor democracia del mundo, pueden ser otras ventajas favorables para India en el continente.

Aun con todo, lo cierto es que las exportaciones de América Latina hacia India apenas alcanzan el 1%. En buena medida, por los aranceles que sufren los productos latinoamericanos, en un promedio del 65%, y que son correspondidos por los incrementos de las manufacturas de India una vez que entran en el mercado latinoamericano. De hecho, se ha avanzado sustancialmente en la necesidad de abordar una reducción inmediata de los aranceles, al menos, en un 10%, lo cual tendría un impacto más que notable en el comercio entre ambos actores. Si ello se acompaña de otros factores como la distribución y la integración de mercados, a pesar del rezago de India en el escenario latinoamericano, es posible pensar en un contexto prolífico que puede generar importantes dinámicas de comercio internacional como el experimentado con China en los últimos siete años.

África: ausencia de relación

África y América Latina han compartido la marca colonial europea, y la construcción del Estado y su deriva sociopolítica y económica no se entienden sin aquella. Sin embargo, las relaciones unidireccionales de ambas partes con Europa alimentaron la situación de desconocimiento y distancia entre las dos regiones. Las relaciones de la región con el continente africano son casi inexistentes tras el intervencionismo cubano en la Segunda Guerra Fría y los escarceos brasileños de organizar una Organización del Tratado del Atlántico Sur, el equivalente meridional de la OTAN.

Partiendo de la premisa de que África representa apenas el 2% del comercio mundial, y que sus relaciones geopolíticas ad extra, predominantemente, son con China y con Francia, Reino Unido y otros países europeos -valedores de un instrumento europeo de cooperación que prima la región africana, entre otras- puede decirse que la relación con América Latina es tan marginal como estable, cercana a los 40.000 millones de dólares en conjunto, si se suman exportaciones e importaciones.

El país con mayor vinculación con el continente africano ha sido Brasil, especialmente durante buena parte de la década pasada, en aras de fortalecer escenarios multipolares, no solo en el marco de los BRICS, sino con vistas a promover su mayor proyección global. Buena cuenta de ello daría en 2009 quien entonces era ministro de Cultura del Gobierno de Lula, Gilberto Gil, al reconocer que entre Brasil y África había una conexión cultural, estética y genética (Lechini, 2014). Sobre todo, si se tiene en consideración el pasado colonial luso compartido por Brasil con algunos países africanos.

Muestra de lo anterior fueron el Foro Brasil-África creado en 2003, la promoción de políticas de cooperación Sur-Sur, las once visitas oficiales de Lula en sus dos mandatos presidenciales o los tres viajes de su sucesora, Dilma Rousseff, en 2013, en donde llegó a participar de las reuniones de la Unión Africana. Es más, en los últimos años de gobierno del Partido de los Trabajadores se llegaron a abrir una veintena de nuevas embajadas y más de 300 convenios internacionales que explican que más de la mitad de las exportaciones latinoamericanas a África resulten brasileñas.

Muy alejado de este nivel de relación se encontraría, por ejemplo, Argentina, que, no obstante, bajo el kirchnerismo impulsó las relaciones con África, suscribiendo casi un centenar de acuerdos internacionales y retomando las relaciones diplomáticas en países como Angola, Mozambique o Etiopía (Lechini, 2014). Algo en consonancia con la necesidad de enfatizar en la cooperación Sur-Sur y que igualmente, se tradujo en el hecho de que en 2009 y 2010, Argentina se incorporase como observador, tanto de la Unión Africana como de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, respectivamente.

Por último, en el caso de Venezuela hay que destacar de qué modo se intensifican las relaciones con África. Conviene subrayar que en el año 2005 se crea un viceministerio para África y se desarrolla una agenda específica que permite un importante activismo diplomático a través del establecimiento de relaciones diplomáticas con medio centenar de países. Así, en poco más de diez años, se suscriben más de 130 convenios internacionales y se llega a conseguir que veinticinco jefes de Estado participen en la II Cumbre América del Sur – África, celebrada en 2009 en Isla Margarita. De hecho, después de Brasil, Venezuela se convirtió en el socio estratégico más importante de la región, haciendo uso de la petrodiplomacia como un valor agregado del intercambio comercial pero también de la Cooperación Sur-Sur.

Lo cierto es que la situación que actualmente atraviesa Venezuela, unido al viraje ideológico de Brasil, tras la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia, y a la incertidumbre argentina, invita a pensar que las relaciones latino-africanas no se encuentran en su mejor momento. A ello hay que añadir los tímidos posicionamientos de México y Chile, poco planificados y más bien exploratorios (Brun, 2009). En suma, todo lo anterior conduce a una realidad birregional que, si se mira en perspectiva longitudinal, a lo largo de las últimas décadas, ha atravesado periodos de expansión y de ostracismo. Sea como fuere, la verdad es que los niveles de intercambio comercial son muy bajos y apenas se concentra en algunos países del Magreb y en los países más influyentes de África subsahariana.

El “activismo translatinoamericano”: la geopolítica de los movimientos sociales en el nuevo orden geopolítico mundial

Las redes de los movimientos sociales latinoamericanos han estado muy activas en las últimas tres décadas con el resto del mundo, principalmente con el Norte Global, aunque en menor medida, y de forma creciente, también con el Sur Global. El nuevo orden mundial emergente tras la Guerra Fría marca no sólo una reconfiguración de la geopolítica de los Estados, sino también un cambio en la contra-geografía de los movimientos sociales y en la geopolítica de la contestación. (Bringel, 2015)

El año 1989 es un marco muy simbólico. Mientras caía el Muro de Berlín, organizaciones campesinas e indígenas latinoamericanas organizaban en Quito la Campaña Continental 500 años de Resistencia Indígena, Negra y Popular, que tenía como objetivo contrarrestar las lecturas oficiales y los eventos celebratorios del V Centenario del “descubrimiento de América” que se darían previsiblemente en 19929. La unidad de los pueblos latinoamericanos contra el colonialismo generó una articulación transnacional sin precedentes en la coordinación estable y duradera entre los movimientos sociales latinoamericanos, sin la mediación de terceros (partidos o sindicatos). Aunque la iniciativa se originó en/desde América Latina, contó con el apoyo y la solidaridad de muchos movimientos del Norte Global, principalmente europeos.

El éxito y la intensidad de la campaña varió según cada país, pero quizás lo más relevante sea que en 1992 ésta no se disolvió en el Encuentro Continental realizado en Managua (Nicaragua), sino que se decidió constituir un Movimiento Continental Indígena, Negro y Popular, que conectara a los movimientos sociales latinoamericanos entre sí y con los del resto del mundo. Fue también en Nicaragua donde este mismo se reunieron año varios dirigentes campesinos de América Latina, América del Norte y Europa con el objetivo de construir una organización campesina de dimensión mundial10. Reside ahí el germen de lo que sería la creación formal, en mayo de 1993 en Mons (Bélgica), de La Vía Campesina (LVC). Hoy LVC es un movimiento internacional consolidado con 182 organizaciones de 81 países, con todos los continentes representados. Sin embargo, en sus inicios hubo una enorme dificultad para conectar a las experiencias e iniciativas de Asia y África, totalmente ausente en las primeras articulaciones. Este dato refuerza algo que quedaría más claro en los años siguientes: por un lado, el protagonismo de los movimientos sociales latinoamericanos en las redes transnacionales e iniciativas globales y, por otro, su asociación principal con el Norte Global (principalmente Europa), antes que con movimientos que comparten estructuralmente problemas y lógicas similares en el Sur Global.

El escenario de convergencias e intercambios transnacionales no haría más que intensificarse desde entonces, con tres hitos centrales en clave translatinoamericana: el levantamiento zapatista en 1994 y todo lo que supuso Chiapas para la reconfiguración del activismo y el mundo de los movimientos sociales a partir de entonces; la formación en 1997 de la Alianza Social Continental para dinamizar la lucha contra el ALCA y los tratados de libre comercio de manera más general en clave continental, lo que implicó un esfuerzo en la conexión de las luchas latinoamericanas con aquellas de Canadá y Estados Unidos; el peso que tiene para el movimiento antiglobalización la creación en Porto Alegre del Foro Social Mundial (FSM) en 2001, marco de una ruptura discursiva con el “There is no Alternative”, a partir de su lema “Otro Mundo es Posible”, pero sobre todo un espacio transnacional central para la formación y la convergencia política de una amplia gama de actores, que trascendía en mucho a los movimientos sociales.

El inicio del FSM coincidió, además, con un importante ciclo de luchas en América Latina: la guerra del Agua en Bolivia en 2000, el “que se vayan todos” argentino tras la crisis de 2001, las insurrecciones de 2002 en Venezuela ante el intento golpista de la derecha, la guerra del Gas, también en Bolivia en 2003, entre muchas otras. El papel de los movimientos sociales en la construcción de una integración alternativa fue, de este modo, central. La Cumbre de Mar del Plata en 2005 marca el éxito de más de una década de articulaciones y luchas transnacionales contra el libre comercio y el ALCA, pero también el inicio de un nuevo momento en el activismo translatinoamericano marcado por dos tendencias: por un lado, la resistencia a los tratados bilaterales de libre comercio impulsados ya no sólo por Estados Unidos, sino también por la Unión Europea; por otro, el impulso de una serie de redes y espacios más temáticos (migraciones, soberanía alimentaria, feminismos, ecologismos) ante cierto agotamiento de las instancias de convergencias más amplias y genéricas, como el propio FSM.

Frente a la primera tendencia, emerge bajo el nombre “Enlazando Alternativas” un proceso de resistencia birregional construido entre organizaciones de Europa, América Latina y el Caribe, que se iniciaría formalmente en 2004, de forma paralela a la ya citada Cumbre Oficial de Jefes de Estado de la UE y América Latina (Echart, 2008). Basada en la solidaridad política, esta red transnacional pasa a coordinarse permanentemente, dinamizando otras redes y plataformas, más allá de su actuación simbólica frente a las siguientes Cumbres Oficiales en Viena, Lima y Madrid (Cairo y Bringel, 2010). Lo interesante en este caso es que se trata de una red de movimientos propiamente interregional, en la cual la solidaridad se ejerce de manera bidireccional, es decir, no sólo desde Europa hacia América Latina, sino también al revés. En lo que se refiere a la segunda tendencia, el protagonismo de las redes temáticas si bien implica la posibilidad de profundizar en una gramática común conectando a las luchas que se auto identifican más fácilmente entre sí, también revela el declive en la capacidad de dar respuestas unificadas a la crisis económica de 2008.

En vez de unificar y revitalizar el movimiento antiglobalización (Bringel y Echart, 2010), la crisis financiera en el centro del sistema-mundo en 2008 provocó una nueva “geopolítica de la indignación global” (Bringel y Pleyers, 2017) que, aunque tuvo una dimensión global, fue dinamizada principalmente por activismos que interpelaban al Estado y al interior de las sociedades nacionales. Obviamente, las protestas y reivindicaciones estaban conectadas, pero viajaban de un lugar a otro con velocidad inédita, sin necesariamente compartir procesos de interacción cotidiana o presupuestos políticos. En vez de eso, emerge una solidaridad transnacional indignada, más individualizada, viral y descentrada, en la cual parece primar el evento en vez del proceso y el individuo antes que el movimiento. (Alcantara y Bringel, 2019)

Inmersos en una urgencia de la acción, las redes activistas que conectan América Latina al mundo se activan de manera más fluida, pero también desaparecen más rápidamente. Igualmente, se puede distinguir tendencias diferenciadas en la actual geopolítica de las resistencias en el Norte y en el Sur. Si en los países del Sur de Europa y de Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de las protestas con ramificaciones y difusiones transnacionales pasaron a enfrentar las consecuencias más directas de la crisis financiera (vivienda, paro, mayor precarización laboral, desmantelamiento de los servicios públicos), en América Latina el foco no ha estado tanto en las consecuencias directas de la crisis financiera en sí, sino en las implicaciones de las diversas crisis globales interrelacionadas (como la ecológica, la energética o la alimentaria). La lucha contra la mercantilización de todas las esferas de la vida, las desigualdades y la violencia, así como la defensa de los bienes comunes aparece, en este contexto, como algunos de los grandes desafíos de los movimientos globales, pero la profundidad del problema y las formas de activación de las redes ha cambiado significativamente, exigiendo nuevas articulaciones e imaginarios (geo) políticos.

Conclusiones

El desarrollo de los procesos de integración regional desde la Segunda Guerra Mundial ha llevado no solo a la constitución de macrosistemas interestatales de integración, sino a la aparición, tras el final del orden geopolítico de la Guerra Fría, de nuevos fenómenos de agregación pluriregional, como el panregionalismo y el interregionalismo. También aparecieron alianzas contrahegemónicas en el sistema mundial, y el auge del transnacionalismo ha hecho que la expresión “sociedad civil global” sea algo más que una etiqueta.

La primera tendencia marcada que apareció fue a la creación de unidades panregionales en los años 1990 por parte de los Estados del centro del sistema mundial para disputar la hegemonía en el nuevo orden mundial. Los mejores ejemplos de esta tendencia fueron los esfuerzos de Estados Unidos en la construcción de un ALCA en el continente americano, y de una UE ampliada con Estados asociados en Europa, África e incluso Oriente Medio. El ALCA fue frenado por la oposición de Estados como Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador o Bolivia, entre otros, así como la resistencia de numerosos movimientos sociales a lo largo de todo el continente, articulados transnacionalmente. A pesar de todo, Estados Unidos -aun cuando con la llegada de Donald Trump ha recuperado en parte las tesis aislacionistas de principios del siglo XX- se trata del primer socio comercial de la región latinoamericana. Una posición, no obstante, cada vez más disputada con la Unión Europea y con China, que ya empiezan a ser socios preferentes para algunos países y sectores, especialmente, producto de los más de 350.000 millones de intercambio comercial que existe actualmente con el “gigante asiático” y por la apuesta por los acuerdos de asociación estratégica de la UE con la región.

El interregionalismo forma también parte de las estrategias de los Estados (y de las asociaciones de Estados) en su lucha por la supremacía en el sistema mundial, pero, a diferencia del panregionalismo, no pretende subyugar y controlar enteramente una región, sino que la lógica es más la de garantizarse un acceso privilegiado a grandes mercados regionales a cambio de concesiones en los suyos propios. La política de “asociación estratégica birregional” entre la UE y la CELAC, materializada en el reciente acuerdo Mercosur-UE, es el mejor ejemplo de esta experiencia. El Acuerdo de Asociación Transpacífico apunta en la misma dirección, pero es todavía un acuerdo de sólo parte de los Estados de ambas regiones, es decir, un embrión de interregionalismo, que está por ver si llega a buen puerto.

La no relación con África se deriva de una posición estructural relativamente similar de las dos regiones en la economía-mundo actual. Si América Latina se reparte entre países periféricos y semiperiféricos, África está compuesto en su totalidad, salvo el caso de la República Sudafricana, de países periféricos, algunos de ellos abandonados totalmente. En términos geopolíticos, existe entre ambas regiones una colisión de intereses que, difícilmente les permitirá mejorar sus relaciones.

Uno de los fenómenos más novedosos tras el final de la Guerra Fría es la aparición de los BRICS como coalición de Estados emergentes que ha impuesto una nueva geografía comercial en el mundo. No es novedosa por sus objetivos, sino por los actores, que en su mayoría no contaban en el pasado en la lucha por la hegemonía en el sistema mundial moderno. Es importante entender que las relaciones entre los BRICS y de ellos con otros actores más periféricos del Sur Global se pueden calificar de contrahegemónicas, pero no de antisistémicas. Es decir, son alianzas que se orientan a debilitar y, en su caso, sustituir la potencia hegemónica en el sistema mundial, pero no pretenden atacar este sistema ni mucho menos destruirlo. No se ponen en duda las reglas del juego sino que simplemente se intenta disputarlo. En este sentido, la de los BRICS es cada vez menos una alianza Sur-Sur, en la medida que China es cada vez menos un país semiperiférico, y en esa medida se va ajustando a experiencias contrahegemónicas anteriores, como la alianza entre Alemania, Italia y Japón en los años 1930.

Finalmente, el transnacionalismo, leído desde abajo, nos permite echar una mirada a otras articulaciones geopolíticas, cada vez más relevantes en el mundo actual, las que dibujan los movimientos sociales. En el orden geopolítico emergente tras la Guerra Fría, los movimientos sociales latinoamericanos son auténticos protagonistas en la generación de discursos, prácticas e imaginarios que resuenan globalmente y desafían, muchas veces, a los Estados y al capital. La construcción de una enorme diversidad de campañas, redes transnacionales y organizaciones de carácter interregional o incluso global, permitió en las últimas décadas generar espacios propios y autónomos de articulación política, formación de cuadros, difusión de prácticas políticas alternativas, diálogos de saberes y demandas más aglutinadoras que buscan trascender lo específicamente local para interpelar regionalmente y globalmente la sociedad, los gobiernos y las organizaciones internacionales. Sin embargo, tras un momento inicial de articulación y resistencia activa en los 1990 y de un ciclo instituyente y propositivo en los 2000, la década 2010 parece estar marcada por la emergencia de activismos más efímeros y reactivos.

La emergencia de una nueva geopolítica de la indignación global lleva a un desplazamiento de las formas previas de conexión de imaginarios políticos y de generación de los arreglos sociales y materiales. Aunque muchas de las articulaciones más sólidas que luchan por la justicia social forjadas en las décadas previas siguen existiendo han sido desbordadas y están desafiadas por los cambios en los códigos sociales y geopolíticos más amplios que vivimos en la actualidad. Tras décadas de convergencias, avances en derechos y en agendas propositivas, la defensa de los derechos conquistados históricamente, e incluso de la vida, aparece ahora como agenda central en un momento de repertorios más defensivos ante el proceso de derechización regional y global. No obstante, éste no es inevitable. Depende de coordinadas geopolíticas y geoeconómicas, de la capacidad de algunas confluencias políticas para poner freno al ascenso conservador y reaccionario en los gobiernos, pero sobre todo también de la capacidad de actuación y de reinvención de las redes activistas translatinoamericanas.

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1 Parte de los contenidos de este trabajo han sido publicados en Cairo y Ríos (2018), pero han sido rehechos y extendidos, espacial y temporalmente

2

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5 Idem.

6 VI Cumbre UE-ALC, Madrid, 18 de mayo de 2010. Declaración de Madrid. Recuperado de: <http://alcuenet.eu/assets/14.%20Declaraci%C3%B3n%20de%20Madrid%202010.pdf>

7 I Cumbre CELAC-UE, Santiago de Chile, 27 de enero de 2013. Declaración de Santiago. Recuperado de: <http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/d-cl/dv/6_2_decl_santiago_celac_ue_/6_2_decl_santiago_celac_ue_es.pdf>

8 I Cumbre de la Alianza del Pacífico. Declaración de Lima. Recuperado de: <http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2011/Abril/Paginas/20110428_14.aspx>

9 Se retoman y se actualizan aquí algunas reflexiones inicialmente publicadas en Bringel y Cabezas. (2014)

10 Aunque el texto no tiene una pretensión exhaustiva en lo que se refiere a los eventos y articulaciones transnacionales más relevantes, es importante mencionar que también en 1992 un marco muy importante de conexión transnacional a nivel de la “sociedad civil global” y de la inserción latinoamericana en el mundo desde abajo, fue Cumbre de la Tierra, conocida también como “eco-92” o “Río 1992”, fue un momento fundamental para redimensionar el ecologismo a nivel global.